La Comisión Provincial del Agua de la Diputación de Alicante tuvo una reunión para analizar las modificaciones legales previstas en la planificación hidrográfica del trasvase Tajo-Segura.
Ana Serna ha anunciado que elevará al pleno de la Diputación de Alicante este acuerdo y ha insistido en que “ante la pasividad del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, lo único que podemos hacer ahora es presentar alegaciones” contra la decisión del Ministerio de Transición Ecológica.
Durante la reunión se ha manifestado que las inversiones e infraestructuras anunciadas por el Gobierno central no compensarán la perdida de los caudales del trasvase, así como el coste elevado que supondrá el uso del agua desalinizada.
Desde el Grupo Socialista, el alcalde de Dolores, Joaquín Hernández, ha defendido que “lo importante es que tengamos agua, venga de donde venga y se genere donde se genere”, tanto los regantes como la propia Ana Serna han advertido de que “el agua no da igual de donde venga, en la Vega Baja necesitamos agua de los ríos”.
“Es inasumible para el agricultor pagar por el agua desalinizada 50 céntimos”, ha indicado el presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer. En este mismo sentido se ha apuntado que “la realidad es que primero nos quieren quitar el agua y luego nos prometen las obras”.
Los regantes también han apelado a la unidad de todos los partidos políticos de la Comunidad en la defensa del trasvase.
Las alegaciones que se impulsen desde la provincia de Alicante deben basarse en dos aspectos fundamentales:
- Recalcar que la planificación del Tajo no se puede abordar sin tener en cuenta a los usuarios del trasvase y los efectos sociales y económicos.
- Poner de manifiesto los informes técnicos que se han obviado en la propuesta de elevar los caudales ecológicos del Tajo.