15 MUNICIPIOS DE LA VEGA BAJA FIRMAN PARA ECHAR AL PP DE LA PRESIDENCIA

La Vega Baja sigue sin saber dónde meter la basura que producen sus 27 municipios.


Los consorcios de residuos de la provincia no anhelan continuar recibiendo aportaciones extra de residuos del sur que no cuenta con planta de supresión propia, pues por el momento no proporcionan abasto para aceptar los de sus propias comarcas.


Frente a el problema que se avecina la supuesta «inacción y pasividad» de la presidencia del PP del Consorcio de Residuos Vega Baja Sustentable es el primordial argumento que explica que 15 de los 27 municipios de la comarca, la mayor parte bajo regimen local socialista, hayan firmado una moción de censura registrada este martes para desalojar a la alcaldesa de Bigastro y presidenta de la entidad pública, Teresa Belmonte, de su cargo.

A ello se une la ayuda de la Conselleria de Transición Ecológica, que cuenta con el 25% del poder de elección en el órgano consorciado, frente al 15% de la Diputación y el 60% de los municipios.
La administración del consorcio está bloqueada y no ha avanzado en 3 años en unas prioridades que pasan antes que nada por la abertura de la planta de transferencia de Dolores, terminada a partir de finales de 2021 tras una inversión de 2,6 millones de euros por la organización pública de la Generalitat, Vaersa.


Tampoco se ha predeterminado un canon unido por tonelada de basura transportada y eliminada para los 27 municipios de la comarca.


La fijación del canon está empantanada en la negociación entre el Consorcio y la organización concesionaria UTE Vega Baja, la heredera de la Cespa-Ortiz de los procesos del Brugal que a pesar de su protagonismo en los sumarios judiciales preserva, vía sentencia en firme, el contrato del servicio de recogida de residuos.

La Vega Baja cuenta con un articulado específico en el proyecto de residuos de la Sociedad Valenciana por su singularidad, debido a que junto al Consorcio V5 de Gandia y Xàtiva son las únicas carecen de planta de valorización y supresión de residuos en el territorio valenciano.

La rueda de prensa presente explica las declaraciones llevadas a cabo ayer por la consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, que un tono muchísimo más contundente de lo común amenazaba al Consorcio, donde la Diputación de Carlos Mazón cuenta con un 15% y aporta sus técnicos a su manejo, con retirarle las competencias frente a el «desamparo» de la administración.

Sobre la carencia de puesta en marcha de la planta de transferencia la presidencia de hoy ha señalado las dudas jurídicas que expone pues existe un recurso contencioso contra la licencia de abertura.