El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior Valenciano por la que la Unión Temporal de Empresas Cespa -Ortiz retoma la adjudicación y gestión del plan zonal de residuos de la Vega Baja.
El consorcio para la gestión de las basuras había recurrido en 2019 en casación el primer fallo y lo ha perdido sin que el Alto Tribunal haya entrado en el fondo del asunto, porque ni tan siquiera lo ha admitido a trámite.
Fuentes de representantes de los municipios en la reunión lamentaron la falta de transparencia de la presidenta y el hecho de que haya dado cuenta de la resolución sin presentar una estrategia sobre cómo afrontar a partir de ahora la gestión de los residuos.
La Diputación Provincial anuló en 2014 la contrata con Cespa Ortiz porque la UTE presentó un proyecto de macrovertedero en Albatera sin contar con la titularidad de los terrenos para llevar a cabo la obra.
La propuesta inicial de Cespa-Ortiz para realizar la plante de residuos comarcal eran unos terrenos en la finca La Pistola – en Torremendo – pero un tribunal dio la razón a los vecinos de Torremendo para que no se instalara en ese emplazamiento, de ahí que Cespa- Ortiz planteara en 2010 su alternativa complementaria de realizar el proyecto en Albatera, pero sin contar con la propiedad ni el compromiso de uso de esa superficie, según los informes de la Diputación que justificaron esa anulación.
Y la resolución no va a ser fácil de gestionar para la alcaldesa de Albatera y diputada provincial Ana Serna, que no se ha pronunciado.
La Vega Baja es una de las dos únicas comarcas de la Comunidad Valenciana que carece de infraestructuras propias de gestión de residuos y eliminación.
En primer lugar, porque la mayor parte de los alcaldes de la Vega Baja, al margen de su signo político, optó por eliminar la mayor parte de sus residuos en el vertedero ilegal de Ángel Fenoll en La Murada -con precios por eliminación imbatibles porque una parte importante de las basuras terminaba enterrada bajo suelo agrícola sin ningún tipo de tratamiento- y luego por la paralización del propio contrato de gestión que comenzó a tramitarse en 2005, se adjudicó en enero de 2008, cambió el emplazamiento del vertedero en 2010, fue anulado por la Diputación en 2014, bajo mandato de Luisa Pastor, y ahora el juzgado lo ha rescatado para Cespa Ortiz.
Esa falta de infraestructuras ha provocado enormes sobrecostes en el transporte de residuos de todos los municipios que deben «buscarse la vida», en especial en verano, para encontrar vertederos autorizados en Alicante y Murcia que acepten más toneladas de residuos.
Esta planta permitirá reducir los costes de transporte de residuos.