El Gobierno activó hace un año un sistema de control de los beneficios extraordinarios de las eléctricas para evitar que aprovecharan las fuertes subidas de los precios provocada por la crisis energética para disparar sus ingresos de manera abusiva.
Un sistema de recortes de ingresos y de precios máximos obligatorios para la venta gran parte de la electricidad que estaba previsto que expirara el próximo 31 de diciembre, pero que el Ejecutivo prolongará durante todo 2023.
El objetivo del Gobierno con estos recortes es impedir que las compañías energéticas vendan la electricidad producida por nucleares, hidroeléctricas y parte de las renovables a los precios desorbitados del mercado mayorista, que ha estado marcando máximos por el contagio del alto precio del gas natural y de los derechos de CO2, que son costes que estas tecnologías no soportan.
Ahora el Gobierno mantendrá ese precio máximo sin cambios y prolongará su vigencia hasta diciembre de 2023, justificando la utilidad del sistema vigente para evitar mayores subidas de la electricidad en los contratos.