SIGUEN SIN ACOMETERSE LAS OBRAS
A pocos meses de cumplirse el segundo aniversario de la DANA de 2019 que anegó de agua la Vega Media y Vega Baja del Segura, hasta ahora las únicas obras que se han llevado a cabo son de emergencia para acometer reparaciones en las infraestructuras vinculadas al río y que resultaron dañadas. La Confederación Hidrográfica del Segura volvió a convocar en el pasado miércoles a los alcaldes de la Vega Baja para presentarles el Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones y el anteproyecto del Plan de Defensa contra Avenidas de la Cuenca del Segura, en este caso el de la zona de Alicante.
Estas actuaciones mantienen un presupuesto de 528 millones de euros en Murcia y Alicante para infraestructuras que permitan reducir el impacto de futuras DANA. El propio presidente de la CHS, Mario Urrea, siguió mostrándose prudente a la hora de concretar cuándo y cómo se verán esas obras sobre el terreno. Sí reiteró cuáles son las actuaciones prioritarias una vez que cuenten con la evaluación de impacto ambiental favorable. La presa de laminación de la rambla de Tabala, en territorio murciano pero con un gran impacto sobre el caudal del Reguerón en el río Segura y único que cuenta con un procedimiento de tramitación administrativa de redacción del proyecto -la iniciativa ya se contemplaba en 1996- o el desvío de la rambla de Abanilla al embalse de Santomera para evitar que desemboque en norte del casco urbano de Orihuela -no citó la propuesta de encauzamiento de la rambla hasta el río Segura que también aparece en el plan.
Para la rambla de Abanilla se ya se informó de posibles emplazamientos de un par de presas de laminación, pero para el próximo ciclo de planificación hidrológica (2022-2027) se acometerían solo los estudios para analizar su viabilidad técnica y ambiental.
Tramitación larga
El propio Urrea fue el encargado durante la presentación de ponerle «peros» al desarrollo de los proyectos. Dijo que es optimista porque los planes que contemplan estas infraestructuras ya están en exposición pública para su aprobación definitiva. También, y no menos importante, cuentan con financiación. Pero queda una tramitación de impacto ambiental que no va a ser sencilla, y ya se cifra en cinco años el plazo de ejecución, entre 2022 y 2027. Urrea dijo que la evaluación de impacto la realiza el Ministerio de Transición Ecológica (administración de la que depende la CHS) y sugirió que podría, a la hora de darles el visto bueno, ser sensible al problema que se pretende mitigar con estos proyectos.
En líneas generales, se informó de ambos planes y el plazo para formular alegaciones, aportaciones o sugerencias. El objetivo «es articular mecanismos de coordinación eficaces para alcanzar un amplio consenso, que nos permita buscar las soluciones definitivas entre las alternativas que los proyectos han analizado», según la CHS.