El expresidente del PP y de la Diputación de Alicante, Joaquín Ripoll, negaba ayer que distintos empresarios se pusieran en contacto con él para influenciarle y pactar el contrato de la planta de residuos del plan zonal de la Vega Baja, que incluía la construcción de un vertedero para los 27 municipios de la comarca: «Nadie hizo nada de eso, pero tampoco lo habría permitido».
Ripoll defendía su inocencia del caso Brugal, en el que está acusado de amañar la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja entre 2008 y 2009.
Ripoll afirmaba que no compartió «opiniones», ni se relacionó con miembros de la comisión, en una causa que está dentro de las veinte piezas separadas del ‘caso Brugal’, iniciado por supuestas anomalías en la concesión de la contrata de recogida de la basura de Orihuela.
El diputado aseguraba que el plan zonal de la Vega Baja estaba conformado por una comisión en la que la Diputación «solo tenía el 15 % de los votos», al tiempo que ha defendido que a la hora de la adjudicación, el órgano de contratación era la junta de gobierno, «pero también una mesa de auxilio de contratación para recoger las plicas».
La Fiscalía solicita inicialmente penas que suman 16 años de cárcel y 44 de inhabilitación para Ripoll al considerarle responsable de los delitos de cohecho continuado, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.